Apr 17
Cuatrocientos nueve archivos, treinta y un punto noventa y un mega bytes, 07:41 p.m. 16/04/2008 dato actualizado.
Origen del contenido:
Lo que corresponde al material de mi edición fue realizado en territorio nacional como resultante de un proceso en el cual intervienen alrededor de quinientos modificadores de la propia expresión lingüistica, proceso cuyo origen a la fecha es desconocido, presumiblemente ilegal y extraño a la jurisdicción a la cual está sujeto este editor.
El resto del material es de origen extraño y puede estar sujeto a las condiciones legales de jurisdicciones no claras.
Con ello niego confundir y mezclar los orígenes del contenido para afectar la certidumbre juridica del material efectuado y almacenado en este sistema; si bien confirmo estar intervenido en mi informática con fines perjudiciales a mi personalidad jurídica y psicológica, niego no tener la administración de mi información por vías cuidadosas y legales.
Rectificación constitucional:
En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las
condiciones que ella misma establece.
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio
Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
